EL CARTEL DEL SURESTE HA LANZADO UN ATAQUE FRONTAL CONTRA QUINTANA ROO

EL CARTEL DEL SURESTE HA LANZADO UN ATAQUE FRONTAL CONTRA QUINTANA ROO
Segunda Parte

La Piedra en el Zapato
Carlos Narváez

Felipe Enríquez, Félix González Canto, Arturo Millet y Gabriela López, socios en negocios no tan lícitos, han lanzado un ataque frontal en contra del Estado de Quintana Roo al perder los privilegios obtenidos con los ex gobernadores Félix González Canto y Roberto Borge.

Se pronostica que arrecie con mayor intensidad la guerra sucia a través de Fake News en redes sociales con la intentona de desestabilizar las próximas elecciones y al gobierno estatal.

Los cabecillas de este grupúsculo mafioso han utilizado sus vínculos políticos para mantenerse impunes y para incrementar su fortuna y sus negocios ilícitos.

LA DANZA DE LOS MILLONES A LAS CAMPAÑAS PRIÍSTAS

Modus Operandi. Por cada campaña, los gobernadores del PRI que pertenecen al cartel del sureste, hacen una tanda de 5 a 10 millones de pesos para un fondo revolvente que se reparte en los estados donde se realizan elecciones.

De acuerdo con testimonios recabados por el Diario de Yucatán , fue Enríquez quien le abrió la puerta a Ivonne Ortega y a Félix Gonzalez Canto, por lo menos desde 2006, para integrase al cartel del sureste cuando era secretario general del PRI en Nuevo León y coordinador de la campaña del candidato a la presidencia municipal de Monterrey Abel Guerra Garza.

Ese año la señora Ortega Pacheco figuró en el selecto grupo de priistas, varios de ellos de Nuevo León, que hizo fuertes donaciones a la campaña presidencial de Roberto Madrazo, en una acción concertada.
Según información oficial del Instituto Federal Electoral, Ivonne Ortega entregó al PRI en 2006 $1.854,000 en efectivo en seis pagos de las siguientes cantidades: $9,000, $30,000, $250,000, $335,000, $500,000 y $730,000.

Las donaciones de la política de Dzemul, entonces candidata al Senado por Yucatán, aparecen entre las once donaciones más cuantiosas recibidas por Madrazo. Además de ella aparecen en la lista tres personas claves de apoyo priista manejada desde Nuevo León: Eloy Cantú Segovia, Marcela Guerra Castillo —ambos candidatos priistas al Senado en 2006 — y Jesús Murillo Karam, ex gobernador de Hidalgo. Cantú Segovia donó a la campaña de Madrazo $3.090,000; Marcela Guerra, $4.050,000 y Murillo $3.000,000.

Pese a esas donaciones, Madrazo Pintado perdió la elección, lo mismo que Abel Guerra, Eloy Cantú y Marcela Guerra, quien, por cierto, coincidió con Ivonne Ortega en la Cámara de Diputados entre 2003-2006. Cantú, empero, llegó a la Cámara como senador de minoría y Marcela Guerra lo hizo en la Cámara de Diputados tres años después, en los comicios de 2009.

La derrota del PRI en Nuevo León en 2006 fue apenas un tropiezo en la carrera de Felipe Enríquez como operador electoral. Esta se inició en 2003, en la campaña a la gubernatura de Natividad González Parás y después se extendió con éxito al Estado de México.

Enríquez funciona como ejecutor de una estrategia electoral diseñada por el consultor político Mentor Tijerina, colaborador del ex gobernador neoleonés Sócrates Rizzo García y esposo de Marcela Guerra.
Con esta estrategia Tijerina impulsó el triunfo del PRI en Chihuahua y en algunas ciudades de Sinaloa entre 1998 y 2004, luego de varios años de gobiernos panistas en esos lugares. Se trata de una estrategia que concentra el esfuerzo en las secciones de alta votación priista.

Cuando el PRI designó a Ivonne Ortega candidata a gobernadora de Yucatán en diciembre de 2006, Natividad González Parás, gobernador de Nuevo León y promotor de Ivonne, envió a Enríquez Hernández a Mérida para coordinar la campaña electoral con la estrategia de Tijerina.

En el año de 2007, Felipe Enríquez, diputado por Nuevo León era en aquel entonces responsable en buena medida de las victorias de Natividad González Parás y encargado de operar  la campaña de la priísta Ivonne Ortega con el apoyo de empresarios como Arturo Millet Reyes y Rodolfo Rosas Moya.

VINCULOS CON EL NARCO TRÁFICO Y LAVADO DE DINERO

De acuerdo a información de la revista Proceso, el Zar del Juego, Juan José Rojas Cardona, tiene un expediente criminal abierto en Estados Unidos, país del que huyó para evadir los cargos de narcotráfico, latrocinio y agresiones contra el pudor. Pese a ello y a que desde entonces lo vigilan agentes de la DEA y del FBI, el “gran corruptor” hace negocios a sus anchas en México y teje redes de protección, no sólo entre políticos panistas sino entre destacados militantes del PRI.

Amplios son los vínculos políticos de los que se ha valido Juan José Rojas Cardona para mantenerse impune y para incrementar su fortuna y sus negocios preferidos: los casinos, que se multiplican por todo el país.
Las autorizaciones se otorgaron a la empresa Juegos y Entretenimiento de Video de Monterrey, S.A., propiedad de los hermanos Rojas Cardona. Pronto ambos comenzaron a abrir establecimientos en Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Distrito Federal, Estado de México, San Luis Potosí, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, donde los Rojas Cardona tejieron una red de complicidades con autoridades estatales y municipales.

A pesar de sus antecedentes penales, Juan José Rojas Cardona se ha mantenido impune. La red de funcionarios que lo encubre no sólo incluye a panistas, sino también a connotados priistas y empresarios con quienes se asoció para extender su emporio de casas de apuestas por todo el país.

En 2005, en Monterrey se integró un expediente con los antecedentes criminales de Rojas Cardona, según se sabe a petición o con la colaboración de la Drug Enforcement Administration (DEA) y del Buró Federal de Investigación (FBI), cuyos agentes seguían los pasos de Rojas Cardona y de sus socios y cómplices en México.

Por esas fechas, las autoridades federales mexicanas comenzaron a reunir detalles y pormenores de Rojas Cardona: sus amigos, sus socios, los negocios que maneja, a los políticos que presuntamente le brindan protección, así como sus antecedentes criminales.

El expediente, detalla que dentro del amplio mundo de relaciones que presuntamente le brindan protección a Rojas Cardona figura Felipe Enríquez Hernández, exdiputado local del PRI. También apunta que Felipe Enríquez fue abogado de Rojas Cardona; hoy se le identifica como su socio y su principal enlace con la ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, y con el empresario local Arturo Millet Reyes, acusado por despojo de tierras, así como por presuntas ligas con el narcotráfico y lavado de dinero.

En su edición del 18 de noviembre de 2007, por ejemplo, el periódico meridano Por Esto! informó que Millet Reyes tiene vínculos con el narcotráfico:

“Ha sido precisamente el empresario yucateco Arturo Millet Reyes quien en mayo de 2002, con 200 mil dólares del cártel de Guadalajara, adquirió la franquicia de Century 21 Real Maya. Y fue también, a través de esa casa inmobiliaria internacional, que Los Zetas lograron alquilar el casco de la exhacienda situada en la comisaría Sodzil, al norte de la ciudad de Mérida, de donde el pasado martes 13 del mes en curso, en horas de la madrugada, lograron huir no menos de 15 de los sicarios del cártel del Golfo.”

En agosto de 2010 se suscitó un escándalo a raíz de que el lujoso yate Making waves, cuya propiedad se atribuyó a Millet Reyes, fue robado de una marina de Cancún, Quintana Roo, y posteriormente apareció varado en una playa de Florida, a 500 millas de distancia.

Y aun cuando las autoridades locales no despejaron el misterio que envolvió el caso, circularon versiones sobre ese hecho, según las cuales se trató de un autorrobo y que el navío fue utilizado para transportar indocumentados.

Luego se aclaró que el propietario del yate era Felipe Enríquez Hernández, quien fue delegado del PRI en Yucatán y socio de Millet Reyes. En el Caribe mexicano a los dos personajes se les conoce como miembros de la llamada “mafia agraria”, pues tienen antecedentes por presunto despojo de terrenos.

El expediente detalla que Felipe Enríquez utiliza su militancia en el PRI para acercar a Rojas Cardona con gobernadores y funcionarios de todos los niveles, con quienes se confabula para obtener no sólo impunidad, sino permisos, así como facilidades y protección para abrir centros de apuestas.

Las diversas notas periodísticas aquí expuestas nos permiten comprender el entramado de corrupción alrededor de los intereses políticos comerciales del Cartel del Sureste que por más de dos décadas se han planteado rediseñar la política de Quintana Roo para no perder posiciones de poder.

Felipe Enríquez, Félix González Canto, Arturo Millet y Gabriela López, socios en negocios no tan lícitos, pelean una batalla sin cuartel de guerra sucia en contra del gobierno y el Estado de Quintana Roo por perder privilegios economizo obtenidos en los gobiernos de Félix González Canto y Roberto Borge, se pronostica que arrecie con mayor intensidad la guerra sucia a través de Fake News en redes sociales con la intentona de desestabilizar las próximas elecciones y al gobierno estatal. Al tiempo.

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